jueves, 24 de noviembre de 2011

EL RENACER DEL MOVIMIENTO SOCIAL INDÍGENA EN LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA: IDENTIDAD, PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LAS EMPRESAS MINERAS

Carlos Choque Mariño

Resumen

El presente artículo analiza el renacimiento del movimiento social indígena en el extremo norte de Chile entre el año 1998 al 2009, motivada por los pedimentos y exploraciones mineras entorno a las Áreas Silvestres Protegidas y comunidades indígenas. El estudio intenta develar además, los orígenes, discursos y propuestas indígenas, reconstruidas entorno a su identidad étnica para la protección de los recursos naturales y la posición divergente sobre el impacto de las actividades extractivas.

Palabras Claves: Movimiento social, minería, medioambiente, desarrollo, indígenas.

Abstract

This article discusses the revival of indigenous social movement in northern Chile from 2000 to 2009, driven by the motions and mining exploration environment Protected Areas and indigenous communities. The study also tries to uncover the origins, indigenous discourses and proposals, built around their ethnic identity for the protection of natural resources and views differ on the impact of extractive activities.

Keys word: Social movement, mining, environment, development, indigenous.


El presente estudio se realiza en la Región de Arica y Parinacota,[1] territorio en el cual habita una población indígena que se localiza mayoritariamente en la ciudad de Arica y valles costeros, con 23.288 personas. Por otra parte, una población minoritaria se localiza en la zona alto andina de la provincia de Parinacota, alcanzado un «número de 1.709 personas» (Damianovic 2005:126). Agregar además, que estos habitantes adscriben a una filiación étnica aimara de acuerdo a la legislación indígena de Chile (19.253).

Otra característica de la provincia de Parinacota, es que se encuentra localiza sobre un cordón cuprífero que se extiende desde Moquegua (Perú) hasta la región de Antofagasta (Chile), área en la cual operan numerosas compañías mineras transnacionales como la Southern Perú Corporation, Anglo American, Partnership SAC, Xtrata Cooper y BHP Billinton. En este contexto, el norte de Chile, durante los últimos 30 años ha incrementado el número de compañías mineras, especialmente en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, ya que estas zonas poseen «importantes yacimientos de Cobre» (Toledo 1987:150). Agregar además, que Parinacota, tuvo una actividad minera importante, que comenzó a decaer a medida que se establecieron las Áreas Silvestres protegidas (ASP).[2]

Los estudios referentes al movimiento social indígena y su acción entorno a la protección de los recursos naturales han sido escasamente tratados en esta región, producto del limitado impacto de las actividades extractivas, pues existe una imposibilidad temporal de explotar los yacimientos cupríferos existentes, tanto por la regulación de las Áreas Silvestres Protegidas como por consideraciones de carácter político, que buscaron ganar la adhesión de la población indígena en las últimas elecciones municipales y presidenciales.

Para esta investigación, la identificación de las motivaciones y argumentos empleados por el emergente movimiento social indígena son fundamentales, pues esta rearticulación indígena reaparece después de 10 años de pasividad con nuevos discursos, redes y actores ante la amenaza de los proyectos productivos fomentados por el gobierno de Michelle Bachelet. En este contexto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los aprendizajes obtenidos por la población indígena ante los proyectos productivos de carácter extractivo?, ¿Cuáles son los actores y los argumentos que difunden este nuevo movimiento social indígena en región?, ¿Qué rol juega la identificación étnica en este movimiento social y como se asocia al las demandas de protección de los recursos naturales? y; ¿Cuáles son las posiciones divergentes en la población indígenas ante las actividades extractivas?

El presente artículo intenta dar respuestas a estas interrogantes planteadas y explicar los procesos de rearticulación indígena, que dan paso al renacimiento del movimiento social, el cual posee como elemento de lucha la identidad cultural y territorial en contra posición a los proyecto de desarrollo impulsados por el gobierno. A su vez busca analizar las diferencias y los procesos que ha enfrentado las organizaciones indígenas en el pasado y su involucramiento con las redes indígenas y ONG’s que operan en el país. A su vez pretende comprender como el contexto social y político genera divergencias al interior de la región ante los proyectos productivo extractivos, poniendo en cuestionamiento la integración de la población aimara a la modernización y progreso del país.

A pesar de las limitaciones documentales y metodológicas referentes al estudio de los movimientos sociales indígenas y su relación con la actividad minera en Chile u otras actividades extractivas, se logra identificar ciertos parámetros comunes con las experiencias generadas en el Perú, que nos permiten develar la existencia de una alteridad entre población chilena y la aimara rural, pues esta última, aplica valores y conceptos que involucran una noción cultural y cosmológica del territorio.[3]

Para dar respuesta a nuestras interrogantes el presente artículo, incluye los temas de: Experiencias y aprendizajes del movimiento social indígena en el norte de chile, este punto recorre las experiencias relevantes de las organizaciones indígenas e identifica los diversos actores que el día de hoy emergen; Identidad y recursos naturales en el discurso ideológico indígena, este segmento busca presentar al lector la ideología que moviliza la lucha por la protección de los recursos naturales y la oposición a las actividades mineras; divergencias y alteridad en el desarrollo indígena, esta ultima parte del articulo entrega diversos antecedentes del impacto del inicio de las actividades mineras y las propuestas indígenas entorno al etnodesarrollo y; finalmente las conclusiones buscan responder nuestras interrogantes y ofrecer una lectura que permita explicar los desafíos para el movimiento social indígena.

1. Experiencias y aprendizajes del movimiento social indígena en el norte de Chile

Los estudios referentes a la población indígena, sus problemáticas y los movimientos sociales que desarrollaron fueron investigados con distintos enfoques por Chipana (1986), González (1995), Gundermann (1998), Venegas (1998) y Choque (2009). Sin embargo, es necesario relevar que la movilización indígena se inicio en el año 1960, periodo en que produjo «un proceso de inmigración de la población indígena desde los diferentes pueblos de la sierra hasta la ciudad de Arica» (Choque 2009:269).[4] Así mismo, el acceso a la educación en la ciudad, el contacto con los sindicatos obreros y el reencuentro con la identidad permitieron crear las primeras organizaciones sociales indígenas, llamados «hijos de pueblos», los que buscaron exteriorizar su cultura e identidad lejos del territorio de origen(Charterjjee, 2007). La ejecución del proyecto «Plan andino», el «Programa de Promoción Popular» y la puesta en marcha de la «Revolución en Libertad» del gobierno de Eduardo Frei Montalva, consolidaron la creación un movimiento social indígena que involucro a los inmigrantes y los habitantes de la sierra, que se unió entorno a una macro-organización llamada «Liga Andina» (Choque 2009:278).

Los objetivos de la Liga Andina, fueron la exteriorización y reconocimiento de su cultura e identidad en la ciudad y el progreso de los pueblos indígenas ubicados en los distritos rurales, constituyendo una red de organizaciones indígenas para lograr sus fines. Sin embargo, estas organizaciones indígenas, a partir del golpe de Estado producido en septiembre de 1973, siguió la misma suerte, que el resto de los movimientos sociales del país, pues fueron declarados como organizaciones ilícitas e ilegales. Y solo a partir de la realización de las Conferencias Episcopales de Puebla y Medellín (1979 y 1983), las organizaciones indígenas reaparecieron al alero de la Iglesia Católica y la Pastoral Andina.

Durante la década de 1980, el movimiento indígena fue heterogéneo, pues la Liga Andina se rearticulo y continuo con los objetivos planteados en 1970, pero además emergieron nuevas organizaciones que estuvieron fuertemente influenciadas por los problemas sociales, las demandas políticas buscaron el restablecimiento de la democracia y el reconocimiento legal de la población indígena, ello permitió la elaboración de un discurso reivindicativo, que fue influenciado por el katarismo – indianista y el movimiento indígena latinoamericano en las ciudades de Arica e Iquique (CONADI 2001).

En el año 1983 se genero una convergencia de objetivos y acciones entre las organizaciones reivindicativas y los «Hijos de Pueblos», pues se inicio una fuerte movilización social en contra de las acciones gobierno de Militar en materia medioambiental, ya que el Ministerio de Obras Públicas inicio la ejecución de un proyecto de riego de gran envergadura, que consistía en extraer 8 millones de metros cúbicos de agua al año desde el lago Chungara para destinarlas a las actividades agrícolas en el valle de Azapa y para dotar de más agua a la central hidroeléctrica Chapiquiña (CEME 2005).[5]

Esta movilización indígena y de organizaciones ambientalistas no solo se limito a una campaña en Chile, sino además contó con el apoyo del Consejo Indio Sud Americano (CISA), Greenpeace y de los propios agricultores de Azapa, facilito la generación de una red de organizaciones y la internacionalización del conflicto, que facilito el fortalecimiento del Movimiento Indígena.[6]

El 19 de diciembre del año 1985, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su veredicto sobre el recurso de protección interpuesto por los indígenas, ambientalistas y campesinos sobre la explotación de las aguas del lago Chungara. Este fallo señala:

[…] se pretende extraer las corrientes del Chungará, vaciarlas en el lago
Cotacotani, desviarlas hacia las ciénagas de Parinacota, y de ahí al río Lauca que desagua en el San José y riega el valle de Azapa.
El recurso califica dicho procedimiento de ilegal o arbitrario, contrario
a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado,
en atención a las causales que se reseñan enseguida.

Se amenaza también el derecho de propiedad de los habitantes y
agricultores de Putre y Parinacota (Corte Suprema de Justicia 1985: 12-13).

El triunfo judicial obtenido por el jurista Fernando Dougnac, en representación de las organizaciones indígenas y campesinas, significo la paralización de los trabajos de extracción en el lago Chungara. También, genero que una facción del movimiento social indígena se propusiera llevar a Dougnac, como candidato a senador en las elecciones del año 1989, obteniendo un resultado adverso (Rupailaf 2003).

El 11 de Marzo del año 1990, asumió como presidente de Chile, Patricio Aylwin Azócar, iniciando la implementación de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Nueva Imperial.[7] Los principales compromisos fueron: reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; Ratificación del Convenio 169 OIT e Implementación de una legislación indígena. No obstante, las organizaciones indígenas que firmaron el acuerdo se comprometieron ha apoyar el gobierno de la «Concertación» y a utilizar los mecanismos oficiales e institucionales para encausar las demandas indígenas, lo que significo el fin del movimiento indígena Chileno (CONADI 2001 y Rupailaf 2003).

En los años subsiguientes se produjo la desaparición de las organizaciones reivindicativas, surgiendo por otro lado numerosas asociaciones y comunidades indígenas, que se amparaban en la legislación indígena de 1993 (Choque 2009). Estas nuevas organizaciones con un marcado carácter funcional, dieron paso a la atomización del movimiento social indígena, ya que su principal objetivo fue acceder al financiamiento fiscal para proyectos de pequeña envergadura. Por otro lado, los activistas que simpatizaban con el movimiento indígena latinoamericano y el katarismo, ingresaron la recién creada institucionalidad indígena, impregnándola de su ideología de tendencia socialdemócrata e impidiendo la rearticulación de las organizaciones indígenas que desconfiaban del nuevo gobierno.[8]

En el año 1996 se puso en ejecución el proyecto «Potenciación de Políticas Indígenas», el cual sistematizo las principales demandas indígenas, y cuyo resultado fue la creación de una organización indígena que representara a la población indígena aimara en el país, esta organización fue el Consejo Nacional Aimara.[9]

La realización del II Congreso Aimara en el año 1997, dio paso a la elección y puesta en marcha del Consejo Nacional Aimara (CNA). Este tuvo como objetivo general lo siguiente “establecer y determinar planes, programas y estrategias en beneficio del desarrollo del pueblo aimara” (CNA 1999:3). Además, se proclamo como la única instancia superior de representación del pueblo aimara, siendo “transversal, pluralista y no gubernamental” ante el Estado Chileno. No obstante, el CNA, a partir de 1999 comenzó a ser cuestionado por una parte minoritaria de la dirigencia indígena, que acuso la falta de respuesta “entorno a temas relevantes en la agenda indígena, como lo son la introducción de la minería en la Provincia de Parinacota y la explotación de los pozos del río Lauca” (CONADI 2001:46). Sin embargo, el mayor peligro para el CNA, estuvo en la dependencia económica que poseía de la CONADI y el Ministerio de Planificación.

Entre los años 2000 a 2006 el CNA se fortaleció gracia al apoyo financiero del Estado y comenzó a tomar un rol significativo entorno a las políticas indígenas y temas medioambientales, y en el mes de Octubre del 2004, lidero una serie de protestas contra los proyectos gubernamentales que buscaban extraer agua del cuenca del río Lauca para enviarlas al valle de Azapa. Por otro lado realizo una serie de cuestionamientos a la CONADI, hecho que provocara que en los años siguiente el CNA fuera intervenido políticamente por activistas indígenas que apoyaban al gobierno e iniciándose una serie de disputas en la dirigencia aimara que culmino con la perdida de legitimidad ante la base social, el fin del financiamiento y ausencia de capacidad de liderazgo de la agenda indígena. Imponiéndose entonces, los intereses y propuestas gubernamentales entorno al tema indígena aimara.

2. Discurso ideológico indígena: Identidad y recursos naturales

A partir de 1999 el Consejo Nacional Aimara, trabajo entorno a los ejes centrales que emanaron en el III Congreso Aimara. Respecto a nuestro tema en análisis, estos objetivos fueron:

«Promover el establecimiento de áreas de desarrollo indígena con estructura autónoma del Estado, […] y promover ejecutar proyectos de desarrollo en base a un uso sustentable y racional de los recursos que administra el Estado.

[…] Recuperar nuestros patrones culturales y éticos tales como: la honestidad, la capacidad de trabajo, reciprocidad y la solidaridad» (CNA 1999:52-58).

Asimismo, la Estrategia de Desarrollo Aimara elaborada por el CNA y la base social indígena, considero en su diagnostico las principales amenazas para los recursos naturales que se ubicaban en las comunas con población indígena. Esta declaración dice que «la agricultura y minería como actividades de desarrollo han estado orientadas a generar un agotamiento y extracción intensiva de las materias primas» (CNA 2001:7).

Debemos tener en consideración que el discurso indígena acerca de los peligros de los recursos naturales, ya era explícitos en las Asamblea Comunal de Putre, realizada el año 1996, pues se enfatizo en la necesidad de «crear un comité de defensa de los recursos naturales, especialmente del agua, a nivel comunal, frente a la explotación con orientación a solucionar los problemas de la ciudad» (CONADI 1996: 5). Siendo, este discurso idéntico a las demandas generadas en 1985 durante el juicio de extracción de agua del Lago Chungara. Asimismo, en la región de Tarapacá, se planteo la necesidad de «defender el agua de las vertientes en alto Guatacondo de las empresas mineras» (CONADI 1996:7).[10]

El contexto de la movilización indígena por el agua y los recursos naturales, estuvo directamente asociado a los problemas hídricos de la región. Debemos recordar que durante los años 1983 y 1998, Arica y Parinacota, fue afectada por el «Fenómeno del Niño», generando prolongadas sequías,[11] que llevaron a los agricultores de la costa a demandar soluciones concretas al gobierno. En este sentido el gobierno militar busco extraer aguas desde el lago Chungara y los gobiernos de la Concertación han impulsado la extracción de agua desde las napas subterráneas de la cuenca del río Lauca, siendo ambas medidas similares, pues se trata de la misma hoya hidrográfica (Toledo 1987).

La permanente oposición indígena a los intentos gubernamentales de extraer aguas o autorizar exploraciones mineras en el altiplano, se fundamenta en dos argumentos y discursos, que son la experiencia traumática y la influencia de las ideas provenientes de la ecología política.

La primera, esta asociada a la existencia de experiencias traumáticas en las comunidades indígenas, que dependían de la agricultura en la sierra o la ganadería de camélidos en el altiplano. Este permanente temor se ve alimentado por el carácter cíclico de las sequías que afectan el territorio cada diez a quince años. Hacemos énfasis en el carácter de «experiencia traumática»,[12] por que en la primera mitad del siglo XX, la prolongada sequía produjo un descenso de la producción agrícola, trayendo consigo una alimentación deficitaria de la población. Además en este periodo los valles de Arica, fueron severamente afectados por la malaria y la fiebre amarilla que se extendió hasta la sierra, donde causo una alta tasa de mortalidad producto del debilitamiento en el sistema inmunológico.

El resultado de lo anterior, fue la construcción de una memoria colectiva que esta fuertemente influenciada por el trauma de la sequía, el hambre y la muerte. Queremos enfatizar en la idea del trauma por que es trastorno que afecta de manera inesperada e incontrolable a la persona y golpean de manera intensa la sensación de seguridad y auto-confianza del individuo provocando intensas reacciones de vulnerabilidad y temor hacia el entorno como los señalara Puchol (2001).

Asimismo, agregar que el trauma permanece en el tiempo, en los individuos y en el entorno social como menciona Jenkins (1991). Además, la propia modificación del paisaje tiende a activar los recuerdos e historia acerca de la sequía, pues como menciona Thomas Abercrombie (2005), el paisaje es un poderoso estimulante de la memoria. Finalmente agregar, que la experiencia traumática, es parte del discurso de la población indígena que habita en la sierra y cuya edad supera los 60 años, siendo los más activos detractores de cualquier iniciativa gubernamental ó privada.

El segundo discurso, es desarrollado por un grupo etáreo más joven, con mayor grado de escolaridad e involucrado con las organizaciones indígenas que reivindican derechos culturales y políticos. El origen del discurso se remonta a la década de 1980, periodo en que las ONG’s apoyaron el movimiento social indígena nutriéndolo de conceptos etnodesarrollo e identidad étnica, que emergían en la agenda indígena internacional, promovidas por Cultural Survival, PNUD e IWGIA.[13] Asimismo, los aportes generados por los promotores de la Ecología Política fueron gravitantes entorno a la construcción de un discurso ideológico que fomento la protección de los recursos naturales, relevando además, el rol de los pueblos indígenas, que pasaron a ser los depositarios de una larga tradición de cuidado y protección del medio ambiente.

No obstante la realidad fue muy distante en el pasado, ya que la población indígena de Arica y Parinacota, estuvo involucrada en las actividades extractivas desde los primeros años de conquista hispana, poseyendo un rol relevante en las minas del encomendero Pedro Pizarro y Lucas Martínez de Vegazo (Trelles 1991). Agregar además que la Provincia de Parinacota, la actividad aurífera se manifestó desde 1647 (Cuneo Vidal 1978). Asimismo destacar que el impulso modernizante desarrollado por Chile en la primera mitad de siglo XX incremento la explotación de los recursos naturales, especialmente forestales en las diversas comunidades indígenas.

Entonces, son estas ideas surgidas en el etnodesarrollo y la ecología política, las que serán adoptadas por la dirigencia el movimiento social indígena a fines de la década de 1980, que serán fomentadas en la década de 1990 por los gobiernos de la Concertación mediante la promulgación de la ley 19.253, esta sostiene que para los indígenas la tierra es «el fundamento principal de su existencia y cultura» (CONADI 1993:4). Señalando además, en el articulo Nº1, que el Estado y la sociedad deben adoptar las medidas adecuadas para proteger las «tierras indígenas, velar por su adecuad explotación, por su equilibrio ecológico y proponer su ampliación» (CONADI 1993:5).

Respecto a nuestra interrogante del rol de la identificación étnica en el movimiento social y su asociación con la protección de los recursos naturales, su respuesta es posible hallarla en las bases programáticas del CNA y de la propia legislación indígena. Si bien, esta no incorpora la totalidad de los compromisos del Acuerdo de Nueva Imperial, permitió la construcción de un discurso indígena aimara que fortaleció la comunión de la identidad indígena con el medioambiente. Sin embargo, esta identidad era nueva, porque la gran mayoría de los indígenas de Arica y Parinacota en la década de 1990 no se identifico con la etnia aimara, sino con la filiación cultural andina de origen colonial (Choque 2009). Y solo a partir de la aplicación de la legislación indígena y su Artículo Nº 2, la población indígena adscribirá a la identidad aimara en la presente década.[14]

Por lo tanto, la instalación de un discurso ideológico que incorpora la identidad étnica y la protección de los recursos naturales, son parte de un mismo proceso que tuvo por finalidad entregar consistencia a una identidad indígena en deconstrucción de acuerdo a los criterios de la agenda indígena impulsada por la CONADI. Sin embargo, este intento de convergencia ideológica creada desde el gobierno, dio paso al surgimiento de fricciones al interior del CNA y más aún fue centro de germinación de nuevas organizaciones indígenas, que se involucraron organizaciones nacionales e internacionales como el Consejo de Todas las Tierras y el Parlamento Aymara – Qullana, los que desconfiaban de las intenciones gubernamentales. Una de estas organizaciones fue la Comisión Aimara de Defensa del Medio Ambiente (CADMA), la que se opuso fervientemente al proyecto de «explotación de los pozos del altiplano», además oriento su accionar «en los temas medioambientales a ciertas reivindicaciones sobre el territorio y el manejo de recursos naturales por parte de los propios aimaras» (CONADI 2001:37). Abordando de esta manera los temas que el CNA desarrollaba de manera tangencial.[15]

3. Divergencias y alteridad en el desarrollo indígena

La integración de la población indígena aimara a la sociedad chilena desde mediados de la década de 1950, no solo implico la pérdida de ciertas prácticas culturales y rituales sino también la adopción de conceptos como desarrollo y modernidad, que serán adoptados por la población indígena que emigro a las ciudades de la costa (Van Kessel 2003). La realidad socio-cultural urbana profundizo la erosión entre las tradiciones culturales del campesino, relegando la armonía y equilibrio con la tierra. En este sentido las generaciones desvinculadas de su pasado han adoptado el discurso de desarrollo y progreso colocando los recursos naturales de sus territorios de origen a disposición del mercado. Sin embargo, otro sector minoritario al alero del CNA ha buscado reorientar esta búsqueda del desarrollo y progreso, reproduciendo los principios del etnodesarrollo. En tales circunstancias en los siguientes párrafos expondremos estas divergencias y alteridades que convergen sobre el uso de los recursos naturales.

En la última década se conformaron organizaciones con un marcado rol productivo en la región de Arica y Parinacota como la Asociación Gremial de Propietarios Aimaras (AGPRA). Esta organización estuvo constituida en gran medida por profesionales indígenas que provenían de las comunidades ubicadas al interior del Parque Nacional Lauca. Los objetivos de esta organización fueron «la protección y defensa de las propiedades de sus socios y velar por su desarrollo y explotación sustentable de los recursos naturales al interior de los terrenos» (CONADI 2001:37).

Otras organizaciones indígenas como el AGPRA, son la Comunidad Juan de Dios Aranda, la Comunidad de Tignamar y diversas asociaciones indígenas que tienen como demandas la aplicación de las principales resoluciones del Congreso de Pueblos Indígenas realizado el 16 y 18 de enero de 1991 y que más tarde heredo el CNA. Estas resoluciones fueron «la protección jurídica de los recursos naturales del suelo y del subsuelo, renovables y no renovables de los territorios indígenas y el derecho preferente de utilización por parte de las comunidades» (MIDEPLAN-BID 2003:30). Estas demandas ha implicado el surgimiento de un número aproximado a 30 asociaciones indígenas que buscan acceder a predios o terrenos incultos en el desierto con la finalidad de desarrollar proyectos de agrícolas, agravando así el déficit de agua dulce en la región. Si bien, el Ministerio de Bienes Nacionales impulso una serie de normas para desmotivar este tipo de solicitudes, pero a la fecha las ocupaciones ilegales siguen produciéndose en los alrededores de Arica.

Asimismo, el involucramiento de la comunidad indígena de Surire con las actividades extractivas de Ulexita de la empresa minera Quiborax S.A. en el altiplano de Arica y el beneficio de los derechos de servidumbre de los caminos adyacentes son poderosos estimulantes para las comunidades indígenas que poseen una economía de subsistencia. Más al sur el ejemplo de la instalación de la Minera Doña Inés de Collahuasi SMC en la Comuna de Pica al interior de la Región de Tarapacá,[16] ha generando una dependencia económica de la población indígena con la compañía minera. El «Reporte de Desarrollo Sustentable y Estados Financieros» de Collahuasi SMC en el periodo 2007 – 2008 así lo corrobora pues informa que:

«[…] cumpliendo con su compromiso explícito de entregar a las comunidades el 1% de sus utilidades después de impuestos, la compañía invirtió US$ 4,0 en la comunidad destacándose las siguientes aéreas de acción: Desarrollo social de la comunidad, medio ambiente, asociaciones, educación, salud, arte y cultura» (Collahuasi SMC 2009:92)

El área de mayor inversión fue la desarrollo social con un 34% de los aportes que se concentraron preferentemente en la comuna de Pica.[17] A Ello, se suma la intervención de otras compañías mineras como Cerro Colorado de BHP Billinton ó Quebrada Blanca, ha generado una ruptura del discurso indígena entorno a la protección de los recursos naturales e identidad aimara, pues la dirigencia indígena luego termina haciendo uso de los beneficios económicos que le otorgan las compañías mineras. Este mismo proceso de relación de dependencia económica entre comunidad indígena y compañía minera comienza a extenderse hacia la región de Arica y Parinacota, donde inicios sus operaciones de exploración la Southern Copper Corporation en los últimos meses, inscribiendo ante el Registro de Minas del Conservador de Bienes Raíces cerca de 1.400 hectáreas en la comuna de Putre.

Los proyectos propuestos por la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) y la Minnigs Gold Ltd. constituyen para algunas comunidades y su población inmigrante en la ciudad una oportunidad para mejorar su economía domestica y para el gobierno una fuente de generación de empleos e inversiones.

En otro aspecto, Las inconsistencias y contradicciones en los principios fundacionales del Consejo Nacional Aimara trajeron consigo la revitalización de las organizaciones como el CADMA,[18] permitiendo además el surgimiento de alianzas entre comunidades y asociaciones indígenas que surgieron al amparo de la ley indígena.[19] En este contexto a partir de noviembre del año 2007 surgió en Arica un referente que incorporo al CNA, CADMA y comunidades indígenas de la comuna de Camarones, los que definieron como prioridad la defensa de las aguas, aludiendo la propiedad ancestral de los aimaras sobre este recurso, frente a los intereses de la empresa Mystique S.A. y a pasividad del gobierno frente a las demandas indígenas. Este hecho genero por otro lado, la rearticulación de las organizaciones indígenas, que pasaron a constituir un movimiento social denominado Coordinadora Aimara de Defensa de los Recursos Naturales.

El inicio de los trabajos de la Empresa MINSUR al interior de Tacna en la frontera con Chile, la puesta en marcha del proyecto de explotación de energía geotérmica en la comuna de General Lagos y Putre. Además de las exploraciones mineras en Catanave (Southern Copper Corporation), han llevado al naciente movimiento social a colocar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Arica en contra del Gobierno de Chile, cuya causa se fundamenta en el incumplimiento de las normas establecidas la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y la vulneración del derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT en sus articulados 6, 7 y 15, cuya vigencia en Chile se inicio en Septiembre del 2009. Agregando además, que la autorización de Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), infringe los principios de l Ley Nº 19.253 y las normas del Sistema Nacional de Áreas Silvestre Protegidas, SNASPE. No obstante, la declaración impulsada por la coordinadora no señala que la autorización ante el Conservador de Bienes Nacionales para la Southern Copper Corporation, la realizo la comunidad Indígena de Tignamar, los que a la fecha están prestando servicios logísticos menores a la recién iniciada exploración minera.

Asimismo, la Coordinadora Aimara de Defensa de los Recursos Naturales ha establecido una serie de contactos con las organizaciones aimaras y medioambientalistas de Tacna por el proyecto impulsado por MINSUR, el cual también, llamo la atención de las autoridades chilenas, ya que las obras se realizarían en el límite fronterizo con Chile.

Respecto a las motivaciones ideológicas de la coordinadora aimara se encuentran en la maduración de los aprendizajes obtenidos en CNA y las organizaciones funcionales, pero además, están los fuertes vínculos con la población aimara que habita en las zonas rurales, la cual rechaza el inicio o aprobación de cualquier actividad extractiva en sus comunas, tal como se desprende en los informes de las asambleas territoriales organizadas por la CONADI y el CNA. También, es posible identificar que existe una fuerte vinculación con el conflicto hídrico producido en el año 1985. De igual forma, es posible evidenciar que durante la última década y en particular en el V Congreso Nacional Aimara, la parte de la dirigencia indígena busco alcanzar el desarrollo autónomo para poner fin a la dependencia económica con el gobierno. Esta búsqueda de autonomía ha llevado a algunos dirigentes a proponer nuevos mecanismos de recolección de fondos para la subsistencia del CNA, pero con un escaso éxito, ya que las políticas de clientelismo político que desarrollaron el gobierno militar y la propia Concertación están muy enraizadas en la sociedad aimara.

Finalmente, mencionar que la consolidación y éxito del movimiento social aimara solo será posible en la medida que sus actores puedan convocar y sensibilizar al resto de las organizaciones indígenas, y puedan tener la maduración necesaria para resistir la tentación de los recursos económicos de las transnacionales y no suceda lo acaecido en otras ciudades.

4. Reflexiones finales

El renacimiento del movimiento social indígena en la región de Arica y Parinacota, es de carácter coyuntural pues su principal motivación emerge por la aparición de compañías mineras y proyectos de desarrollo gestados por el gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, las experiencias desarrolladas por los dirigentes indígenas en la década de 1980 sigue siendo la principal motivación, pues el fondo de la problemática sigue siendo la utilización de los recursos hídricos.

El actual contexto político que vive Chile, llevara las organizaciones indígenas en la presente década a extremar su discurso entorno a la utilización del agua, tendiendo como eventuales aliados a las poderosas organizaciones de regantes de los valles de Azapa y Lluta, que comienzan a ver en la minería una amenaza importante para su economía.

Finalmente, agregar que resulta imperativo para el CNA y la Coordinadora Aimara de Defensa de los Recursos Naturales, el desarrollar un discurso uniforme que logre sensibilizar a los miles de indígenas de la costa sobre la necesidad de preservar los recursos naturales, proponiéndoles un vía de desarrollo autónomo viable dada las circunstancias sociales y culturales en Chile, ya que una emulación de la experiencia amazónica en los Andes es utópica.

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2003 Holocausto al Progreso. Ámsterdam, Editorial CEDLA.

VENEGAS, Franco

1998 Las organizaciones Locales al Interior de Estructuras Sociales del Altiplano Chileno. Arica, Editorial Corporación Norte Grande.

Reseña biográfica

Carlos Choque Mariño, es Doctorando en Antropología en el Programa de Estudios Andinos de PUCP. Autor del Articulo “Divergencias y antagonismos del movimiento social indígena en la Región de Arica y Parinacota (1965-1985)” en la Rivista di studi Iberoamericani “Confluenze” Volumen 1 Nº 2 (Noviembre, 2009) y autor del libro “Memoria y Olvido en el Pueblo de Socoroma: Deconstruyendo su Historia e Identidad” (Septiembre, 2009). En 2009, realizó estudios en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla e investigaciones en el Archivo General de Indias. Actualmente presta servicios profesionales en el Centro de Estudios Tierra Viva.

Contacto: carlos.choque@pucp.edu.pe



[1] Es necesario precisar que en el año 2007 la región de Tarapacá fue dividida en dos. En el extremo norte se creo la región de Arica y Parinacota, cuya capital regional es la ciudad de Arica. En cambio el sector sur, siguió llamándose Tarapacá y su capital regional en el puerto de Iquique.

[2] Las Áreas Silvestres Protegidas en la provincia de Parinacota son: Parque Nacional Lauca, Reserva Nacional Las Vicuñas y Monumento Nacional Surire.

[3] Una lectura académica más amplia sobre la visión aimara del territorio y el espacio es posible hallarla en los trabajos de Kusk (1973), Paxi (2000), Yampara (2001) y Choque (2009), entre otros.

[4] Esta población indígena inmigrante fue principalmente adolescente y joven, que se enrolo como mano de obra no calificada en las diversas obras publicas, comercio y servicio domestico.

[5] El lago Chungara se ubica a unos 200 kilómetros de Arica, en el altiplano de la comuna de Putre.

[6] La movilización indígena se incremento a medida que las faenas de extracción realizadas por la firma "Belfi Ltda.", lograba bombear unos cinco millones de metros cúbicos de agua desde diciembre de 1983 hasta mediados del año 1984, mediante la autorización emanada por el Decreto Supremo Nº 797 de 1982 del Ministerio de Obras Públicas.

[7] El Acuerdo de Nueva Imperial se firmo el 1 de Diciembre del año 1989 entre el candidato presidencial de la Concertación, Patricio Aylwin y los representantes indígenas del país.

[8] Durante el plebiscito de 1988, la mayoría de los pueblos de la sierra y sus filiales urbanas apoyaron la continuidad del Gobierno Militar, y el katarismo indianista apoyo el cambio de régimen, lo cual los transformo en los actores relevantes de la redacción de la ley indígena N ° 19.253, y luego en 1993 se convirtieron en los nuevos funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

[9] El “Programa de Potenciación de Políticas Indígenas”, fue financiado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena el año 1996, siendo a la vez el soporte financiero del Consejo Nacional Aimara hasta el año 2006.

[10] En otras comunas que no han recibido el impacto de las actividades mineras o proyectos urbanos solo se ha planteado la necesidad de mejorar la gestión del uso del agua.

[11] Las precipitaciones en la Provincia de Parinacota alcanza solo a los 200 mm. anuales, que se producen en el verano (Toledo 1987: 69).

[12] La experiencia traumática debe ser entendida como un fenómeno que conmueve el entorno social y cultural de un determinado grupo humano, que se ve obligado a reorientar o redefinir los significados y habitus que desarrolla cotidianamente (choque 2009).

[13] La década de 1980 fue prolifera en la aparición de ONG’s ligadas a la iglesia y a los partidos de tendencia social demócrata, que por entonces intento generar proyectos de desarrollo en la región. Mayores informaciones en “Holocausto al progreso” de Jean Van Kessel (2003)

[14] La legislación indígena chilena define tres categorías de identificación de la calidad indígena, siguiendo los principios del Jus Sanginis, Jus Solis y por la libre adscripción.

[15] CADMA, fue una organización que surgió desde las reuniones del CNA.

[16] Collahuasi SMC inicio sus operaciones comerciales el 7 de abril de 1999 y es propiedad de los consorcios liderados por la Anglo American, Xstrata Copper y Mitsui & Co., Ltd.

[17] El debilitamiento del CNA como se ha mencionado anteriormente se debió en gran medida a la falta de experiencia en el liderazgo indígena y a su dependencia económica del gobierno y en la Región de Tarapacá al apoyo que recibían sus dirigentes de las compañías mineras.

[18] Las disputas por el control de CNA generaron la división de la organización, pues una facción fue pro gubernamental apoyada además por los recursos de las empresas mineras y otra facción autónoma, que sobrevivió hasta mediados del año 2007.

[19] La ley indígena considera a las asociaciones indígenas como agrupaciones voluntarias y funcionales.