| Pueblos indígenas y minería Patricia González Zenteno* Patricia González es abogada (Universidad de Chile), especialista en temas ambientales y mineros. Durante los últimos 6 años se desempeñó como Oficial de Investigación de la Iniciativa de Investigación sobre Políticas Mineras del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). Actualmente es consultora para IDRC en su programación sobre Manejo del Medio Ambiente y Recursos Naturales en América Latina y el Caribe (ver www.idrc.ca). E-mail: pgzenteno@gmail.com |
| La bonanza de grandes proyectos mineros en la región encuentra escenario en zonas rurales, donde convive con comunidades indígenas históricamente marginadas de los procesos de desarrollo y más aún avanza junto con el proceso de empobrecimiento de muchas de estas comunidades. Sin duda, esta realidad cuestiona profundamente el sistema de gobernanza de los recursos naturales vigente en nuestros países e interpela particularmente a la industria minera frente al imperativo de contribuir a los procesos de desarrollo sustentable como nuevo paradigma |
El potencial minero de América Latina es indiscutible. En los últimos 20 años, la liberalización de los regímenes de inversión transformó a la región en el principal destino de la inversión minera mundial, captando entre el 25% y el 30% del presupuesto global. Esta apertura se ha traducido en un sostenido aumento de la participación de la región en la producción mundial de minerales y metales, tendencia que promete mantenerse dadas las condiciones de competitividad de nuestros países y las proyecciones globales de consumo. Paradójicamente, la bonanza de grandes proyectos mineros en la región encuentra escenario en zonas rurales, donde convive con comunidades indígenas históricamente marginadas de los procesos de desarrollo y más aún avanza junto con el proceso de empobrecimiento de muchas de estas comunidades . Sin duda, esta realidad cuestiona profundamente el sistema de gobernanza de los recursos naturales vigente en nuestros países e interpela particularmente a la industria minera frente al imperativo de contribuir a los procesos de desarrollo sustentable como nuevo paradigma . No es el objetivo de esta nota analizar en detalle las complejidades que plantea el avance del desarrollo minero en contextos indígenas, pero sí alertar sobre la urgencia de llevar adelante un debate informado sobre esta problemática en la región y muy especialmente en Chile, donde nos hemos quedado rezagados en los esfuerzos por darnos un marco político e institucional claro que regule los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en el ámbito del acceso y uso de los recursos naturales. Varias iniciativas globales en la última década dan cuenta de un interés creciente de la alta gerencia de grandes compañías mineras por avanzar en la construcción de relaciones positivas y de beneficio mutuo con la comunidad en contextos indígenas, así como la creación de oportunidades para el desarrollo local efectivo en el largo plazo . Simultáneamente, y también en el orden internacional, importantes han sido las conquistas del movimiento indígena en cuanto al reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas a través de convenios y declaraciones, como el Convenio 169 de OIT entre otros. Sin embargo, aunque la conciencia de la problemática y el debate han ganado terreno importante en el ámbito global, ello no se ha reflejado en la instalación de un verdadero diálogo sobre el tema en nuestra realidad local y menos en el ejercicio efectivo de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas, como práctica habitual. Particularmente en Chile, a pesar de que la mayoría de los proyectos mineros ubicados en el norte, pilar de nuestro desarrollo minero, conviven con comunidades indígenas y compiten con ellas en el acceso a la tierra y al agua, no se encuentran foros de discusión, espacios de intercambio, ni menos estudios participativos tendientes a analizar cómo se da en la práctica esta convivencia compleja, cómo afecta el desarrollo minero a las comunidades, cómo ha evolucionado la conflictividad, tampoco contamos con una agenda política ni de investigación que marque una pauta sobre cómo enfrentar esta problemática. La insuficiencia de nuestro marco jurídico e institucional sobre la materia agrega urgencia a este desafío. La experiencia internacional muestra que ante la debilidad de las legislaciones nacionales en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, cada vez más se impone una jurisdicción internacional que, basada en los principios y disposiciones de convenios y declaraciones internacionales, ha cuestionado a los estados en sus decisiones sobre proyectos de aprovechamiento de recursos. Hoy la globalización -la económica y la de los derechos- nos impone el deber de enfrentar este tema pendiente de nuestra agenda para el desarrollo, fuente de potenciales conflictos que requieren de respuestas locales multiculturales. Algunas de las recomendaciones de diferentes procesos internacionales que han analizado esta problemática apuntan a la incorporación de mecanismos que aseguren el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas en los procesos de toma de decisiones que les afecten, la participación en los beneficios que reporten tales actividades, la indemnización equitativa por los daños que se causen, así como la evaluación de impactos culturales de los proyectos que puedan afectar territorios indígenas. Sin embargo, está todavía pendiente el desarrollo de investigación que proporcione la evidencia suficiente sobre la eficacia de estos y otros mecanismos en contextos locales y que sustente la formulación de las políticas pertinentes. Necesitamos una mayor apertura al diálogo por parte de los distintos actores, así como avanzar esfuerzos de investigación participativa que contribuyan al desarrollo de conocimiento útil a un diálogo informado y a la toma de decisiones sobre políticas y buenas prácticas para la gestión de recursos minerales en territorios indígenas y para la construcción de relaciones armoniosas y beneficiosas entre industria minera y comunidades indígenas. Comente este artículo en nuestro foro en línea: 1 Las actividades de exploración minera en la región se concentran principalmente en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, países en los que se concentra más de la mitad de la población indígena de la región estimada entre 40 y 50 millones de personas. |
viernes, 2 de julio de 2010
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