domingo, 24 de octubre de 2010

Proyecto Pumas : La Junta de Vigilancia del Valle de Lluta se manifiesta en contra de la minería


Rechazamos en forma categórica el Proyecto Minero de Explotación de Manganeso denominado Los Pumas de la empresa transnacional Hemisferio Sur S.C.M. debido a que pone en riesgo la agricultura, la ganadería del Valle de Lluta y la salud de sus habitantes y además vulnera la normativa ambiental vigente y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales.

En efecto la ley 19.300 sobre Base del Medio Ambiente establece en su artículo 11 letra b) que “Los proyectos o actividades enumeradas en el articulo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de las siguientes efectos, características o circunstancias: Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;”. Por lo tanto este proyecto es inadmisible por cuanto vulnera la legislación ambiental vigente debido a que la empresa lo presenta bajo la modalidad de una Declaración de Impacto Ambiental.

Este Proyecto Minero denominado Los Pumas vulnera el Convenio 169 de la OIT, ley que se encuentra vigente, en su articulo 6, 7 y 15 que señala “el derecho a la consulta que tiene los pueblos indígenas, en este caso el pueblo aymara, antes de emprender cualquier actividad de exploración o explotación de minerales y/u otros recursos existentes en sus tierras.” Y que establece que “los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente”. Durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental no se ha realizado ningún proceso de consulta tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, y que bajo la modalidad de Declaración de Impacto Ambiental no contempla la “Participación Ciudadana” por lo que se demuestra la grave falta a la legislación vigente de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en este caso hacia las comunidades aymaras directamente afectadas, teniendo presente que el proyecto se encuentra en una etapa decisiva.

Además este proyecto minero pone en riesgo la contaminación del río Lluta ya que su planta de procesamiento del mineral de manganeso, se encuentra ubicado prácticamente a 200 metros del Río Lluta, y además el traslado del mineral a una zona de acopio en la entrada del Valle de Lluta puede ocasionar una contaminación de gran impacto en el valle, debido a que en este trayecto han ocurrido graves accidente de volcamiento de camiones de gran tonelaje. También la cercanía de la población de Villa Industrial y Gallinazos al acopio de mineral de manganeso, puede ocasionar un grave daño a la salud de los habitantes de esa zona.

Estos hechos y acciones demuestran la debilidad y lo permisiva de nuestra legislación ambiental vigente, y la poca responsabilidad ambiental por parte de la empresa Hemisferio Sur S.C.M. al presentar una Declaración de Impacto Ambiental, que solo representa un informe que carece de fundamentación técnica y científica profunda del real impacto del proyecto en los recursos naturales, el agua, flora y fauna y las personas, y que muchas empresas transnacionales y nacionales utilizan para eludir su responsabilidad en posibles daños al medio ambiente de sus procesos mineros.

También queremos manifestar que el gobierno debe impulsar acciones y estudios que vayan a mejorar la calidad de agua del río de Lluta, para disminuir las cantidades de boro, azufre y arsénico, producto de proyectos mineros irresponsable en las décadas de los 50, sin ninguna responsabilidad ambiental. Estas acciones podrían mejorar la calidad de nuestras aguas y a la vez podría significar la diversificación de otros cultivos que podrían mejorar la economía de los agricultores del Valle de Lluta.

Y por ultimo queremos manifestar que la Minería es incompatible con la Agricultura y que de aprobarse este proyecto por parte de la Corema, se estaría cayendo en una contradicción, debido a que se proyecta construir un embalse en el sector de Chironta cuyo objetivo es ampliar el área de cultivo en el valle de Lluta, teniendo en cuenta que los procesos mineros ocupan cantidades enormes de agua y que mientras exista una legislación ambiental débil y permisiva y el no respeto a los derechos humanos, solo se pone en riesgo el desarrollo de la agricultura en el Valle.




jueves, 14 de octubre de 2010

Pueblos indígenas aislados, en contacto inicial e intermitente en las tierras bajas de Bolivia

Carlos Camacho Nassar


“Canto para así recordar aquellos tiempos en que éramos libres sin ninguna enfermedad sin contaminación recuerdo que teníamos el respeto mutuo, nos respetaban los niños de la aldea, los jóvenes. Nosotros como ancianos éramos muy respetados y así quiero con este canto recordar aquellos tiempos que vivíamos bien sin fronteras de territorio, pero llegó el día en que llegaron unos coñones y esa fue nuestra perdición. Nos quitaron todo, hasta nuestras mujeres, nos explotaron, trabajamos gratis para ellos, ellos nos mintieron nos decían que salgamos del monte porque en la ciudad había todo y que no había nada malo, nos mintieron. ¿Qué podemos hacer? Nuestros hijos se están pareciendo a ellos. Es un dolor tremendo para nosotros. Aquí termina este canto y sigamos luchando por la vida de nuestros hermanos que están en el monte”

Canto de Imeseane, Ayoreo paraguayo

La situación de los pueblos indígenas minoritarios constituye una preocupación de larga data en Bolivia. Desde la década de 1990 distintas iniciativas enfocaron esta cuestión. La más relevante fue el financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al diseño de un Programa de Atención a Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables (PNUD) en 1998 con la participación activa del Fondo Indígena. En esa época se organizaron varias reuniones de especialistas y se elaboraron propuestas de lineamientos de política pública para esas poblaciones, pero no se llegó hasta su promulgación y ejecución. En 2005, se realizó en Belem do Pará, con participación boliviana, el Primer Encuentro Internacional sobre Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía y del Gran Chaco donde se constituyó la Alianza Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados y se presentó la Declaración de Belem sobre los pueblos Indígenas Aislados.

El año siguiente, el Estado boliviano, junto con otras entidades y organizaciones sociales, auspició el Seminario Regional sobre Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial de la Amazonía y El Gran Chaco2. Luego del evento y, con el fin de aplicar sus recomendaciones se constituyó una comisión interinstitucional sobre Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables que funcionó hasta 2009 aunque nunca logró que las instituciones que la integraban formalizaran su participación mediante la firma de un convenio. En esa comisión participaron: i) el Viceministerio de Justicia Comunitaria, ii) el Viceministerio de Medicina Tradicional y Salud Intercultural, iii) el Ministerio de la Presidencia, iv) el Viceministerio de Tierras, v) el Defensor del Pueblo, vi) el Ministerio de Culturas y, vii) el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante su vigencia, la Comisión organizó y colaboró con varias actividades de relevancia, por ejemplo, un simposio nacional sobre la salud de los pueblos indígenas altamente vulnerables en 2008 y un encuentro binacional del pueblo Ayoreo en 2009. También elaboró una propuesta para realizar un censo del pueblo Ayoreo y varias recomendaciones de política pública que no fueron acogidas por las instituciones.3 Sin embargo, logró colocar la cuestión en un lugar importante para la discusión nacional haciendo visible la problemática del aislamiento y de las amenazas que sufren estos pueblos.

Preocupa también la condición de comunidades en alto riesgo y vulnerabilidad, como los pueblos Yuqui y Ayoreo, quienes hasta hace poco vivían en aislamiento voluntario. La invasión gradual de los territorios indígenas en las tierras bajas por la extensión de la industria agrocomercial, la explotación de los recursos naturales, y la colonización proveniente de otras regiones del país, ha dejado algunos pueblos indígenas en situación de especial vulnerabilidad. Los yuqui, los ayoreo y otros pueblos de contacto reciente o que viven en situación de aislamiento, experimentan situaciones de seria restructuración social y cultural, y son frecuentemente víctimas de discriminación en su trato con otros sectores sociales (Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2008. Páginas 2 y 28).

Desde las organizaciones de la sociedad civil, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia cuenta, desde 2006, con una responsable de la cuestión y ha realizado varias actividades, entre ellas una investigación a profundidad sobre la dimensión jurídica de la protección de los aislados. También esta organización ha mantenido presencia en el Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de la Amazonia, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay (CIPIACI). Al mismo tiempo que las instituciones del Estado reflexionaban sobre la temática, se publicaron varios textos abordándola y durante la discusión en la Asamblea Constituyente, se incorporó un artículo específicamente referido al derecho de los aislados por primera vez en la historia del planeta.

En septiembre de 2008, el Estado boliviano envió un representante a la Primera Reunión Regional de Autoridades de Gobierno sobre Asuntos Indígenas de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en Georgetown. Uno de cuyos puntos de agenda fue la protección de los aislados. La Declaración de Georgetown contiene los siguientes puntos de relevancia sobre la cuestión:Resaltaron la importancia de fortalecer el intercambio de experiencias, información y metodologías para el tratamiento de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, así como de la movilidad que caracteriza a estos grupos.

Sugirieron la creación de una subcomisión permanente de trabajo que se ocupe de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, en la que participen representantes del Parlamento Amazónico (PARLAMAZ), de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y de la Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ). Igualmente, se propuso la creación de un Observatorio Regional sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, que permita la generación de alertas tempranas.En 2009 se inició también un proceso para definir coordinadamente acciones en la frontera con Paraguay para la protección de los Ayoreos aislados. Actualmente el Defensor del Pueblo continúa con un programa específico dirigido a pueblos indígenas en situación de riesgo y se prevé continuar con acciones interinstitucionales para abordar la cuestión en el nivel de las políticas públicas. Aunque Bolivia ha promulgado una nueva ley fundamental que protege a los aislados y este es un acto inédito en el continente, aún no se han diseñado y puesto en marcha las medidas que exige la protección del derecho al aislamiento y, por el contrario, las amenazas contra estos pueblos y sus territorios se han intensificado. En Bolivia, varios pueblos y segmentos de pueblos indígenas están en una situación de alto riesgo, tanto en términos de supervivencia física como cultural.

Estos pueblos se encuentran en condiciones de asimetría estructural con la sociedad nacional, tanto indígena como no indígena, debido a su carencia de recursos, su limitada población, las agresiones que sufren y han sufrido, la pérdida de sus territorios y su confinamiento en áreas marginales, entre otros factores.10 Respecto al total de población del país, estos pueblos que en Bolivia denominan pueblos indígenas altamente vulnerables, representan menos del 0,2 por ciento y del total de la población indígena en el país, apenas se acercan al 0,3 por ciento pero agrupados en casi veinte de los más de treinta pueblos indígenas que viven en Bolivia. Es decir, que cuando se habla de pueblos en riesgo de etnocidio y extinción, se hace referencia a un sector de la población minoritario con problemas específicos pero que, en conjunto, representan más de la mitad de las culturas indígenas en el país. Como todas las poblaciones indígenas, estas han sufrido, desde su contacto con las culturas dominantes, de agresiones permanentes en todos los ámbitos de su vida social y espiritual. Por ello se encuentran al borde del etnocidio, concepto que indica la destrucción sistemática de sus modos de vida, sus sistemas de producción y su pensamiento. El etnocidio es un proceso mediante el cual, se estigmatizan las culturas y se sustituye su universo simbólico, sus relaciones sociales y su economía por sistemas impuestos por los sectores social y culturalmente dominantes de la sociedad.

La Declaración de San José12 define que “El etnocidio significa que a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural”.La agresión que sufren estos pueblos ha sido denunciada en reiteradas ocasiones desde el inicio del periodo colonial en el continente. Desde la década de 1960, esta denuncia ha sido sistemática.

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