“¿TIERRAS DE NADIE?
Empresas extractivas, territorio y conflictividad social en el río Cenepa”
Anahí Durand
Centro de Investigaciones Sociológicas,
Económicas, Políticas y Antropológicas CISEPA – PUCP
INTRODUCCIÓN
“Cada año, al reducirse los ríos de la Selva, aparecen las playas o restingas, una tierra de nadie, pero con humedad y fertilizantes traídos por los ríos de la Selva. El Estado debería otorgar por venta o alquiler estos lotes de gran dimensión (…). Hablamos de millones de hectáreas ociosas para maderas porque las comunidades no cultivaron ni cultivarán nada, depósitos minerales que no se trabajan, petróleo en el subsuelo desperdiciado”.
Con estas palabras, refiriéndose a la concesión de las restingas amazónicas, calificándolas como “tierra de nadie” y usando la figura de “perro del hortelano” para aludir a los nativos de la Amazonía que reclamaban sus derechos sobre esos territorios, el presidente Alan García explicitaba una mirada de la selva como una zona abierta y por explotar. Con esto, no hacía más que afirmar la doctrina neoliberal sustentada en la promoción de la inversión privada para la explotación de materias primas, básicamente petróleo y minerales, situados en el subsuelo del territorio nacional y hoy desperdiciados por la obstinación e incompetencia de las comunidades nativas y campesinas ahí asentadas.
Desde inicios de los ‘90, durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori, las políticas de ajuste estructural emprendidas significaron, entre otras cosas, la promulgación de nuevas leyes favorables a la inversión privada en actividades extractivas y la reforma de la legislación sobre el uso de la tierra. La aplicación de estas reformas durante el fujimorismo, continuadas e incluso profundizadas por los siguientes gobiernos, vienen teniendo efectos diferenciados, acordes con la diversidad territorial y étnica del país, reconfigurando el panorama de inversión y usos del suelo tanto en los valles costeros como en los Andes y la Amazonía. Asimismo, las nuevas actividades han traído consigo nuevos nudos de conflictividad social, pues inciden directamente en las formas de vida y organización de pueblos que reclaman su derecho a decidir sobre los territorios.
Justamente, los esfuerzos por continuar fomentando la industria extractiva hacen que se modifiquen una serie de normas y decretos. Es el caso de los decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo en junio del 2008, en el marco de las facultades entregadas por el Congreso para legislar temas referidos a la aplicación del TLC con los Estados Unidos. Varios de estos decretos, como el 1015 y el 1073, buscaban promover las inversiones privadas en las tierras de las comunidades nativas y campesinas. Se presenta también el proyecto de ley 840 que pretende modificar la Ley de Promoción de la Inversión Privada en reforestación y agroforestería y pretende cambiar el régimen de concesión por la entrega en propiedad de territorios amazónicos “eriazos”. Esto contradice el artículo 66º de la constitución peruana, según el cual las tierras con aptitud forestal son patrimonio de la Nación, además de alentar la deforestación de los bosques, pues muchos agentes pueden incentivarla solicitando su propiedad con el pretexto de volverlos a reforestar.
El desarrollo de esta política gubernamental abiertamente orientada al desarrollo de empresas extractivas ejerce gran presión sobre los territorios de comunidades y pueblos originarios, cuya existencia y derechos colectivos han sido ampliamente reconocidos por la legislación peruana, incluida la Constitución, la Ley de Reforma Agraria e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Tal situación incrementa la conflictividad en las zonas mencionadas, enfrentando a empresas y comunidades que ven peligrar sus recursos de subsistencia y formas de vida ante una postura estatal que suele contraponer los intereses de estos “pueblos arcaicos” a los intereses del país, que necesita explotar los recursos para lograr su desarrollo. En la Amazonía, en los últimos años se han sucedido una serie de conflictos entre pueblos indígenas y empresas extractivas, además de protestas generalizadas. Es así que, en marzo del 2008, indígenas achuales tomaron el aeropuerto de la petrolera Plus Petrol en el distrito de Andoas. En
julio del mismo año, la Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Amazonía Peruana (AIDESEP) convocó a un multitudinario paro amazónico que movilizó a la mayoría de grupos étnicos de la selva peruana. Tras casi un mes de protestas, los nativos levantaron el paro consiguiendo que se dejaran sin efecto los cuestionados decretos legislativos. Sin embargo, otros decretos continuaron vigentes, por lo que el paro se reanudó entre mayo y junio del 2009 culminando con un saldo lamentable de 31 muertos tras los choques entre nativos y la Policía en la provincia de Bagua.
Un caso representativo de los conflictos entre las empresas extractivas y los pueblos amazónicos por la propiedad y uso del territorio son los problemas sucedidos en la provincia de Condorcanqui, en la cordillera del Cóndor, cerca la frontera del Perú con Ecuador. En esta zona, la Minera Afrodita, asociada a la compañía canadiense Dorato Resources, cuenta con unas cinco mil cien hectáreas de concesión para la exploración minera con miras a extraer oro, cobre y uranio. Los pueblos awajum y wampis, ancestralmente asentados en esta zona, se han opuesto sistemáticamente y por diversas vías a las actividades mineras, pues consideran que contaminarían con mercurio y cianuro los ríos Cenepa y Marañón y alterarían el ecosistema en su conjunto. El malestar provocado por el avance de la minería, pese a las reiteradas solicitudes de las organizaciones indígenas sustentando su oposición, llevó a que los nativos awajum retuvieran a cinco trabajadores de la empresa para exigir al Estado que intervenga para regular las actividades contaminantes en una zona que ya había sido considerada reserva ecológica.
El caso de Minera Afrodita es solo uno de los muchos casos de expansión de actividades extractivas en territorios amazónicos. No obstante, esta problemática ha sido muy poco estudiada, especialmente en comparación con la actual expansión minera en los Andes y la Costa, mucho más documentadas y analizadas. Resulta importante, entonces, analizar la dinámica de uso y explotación de la tierra en la amazonía peruana, así como la conflictividad social ahí existente, en términos de las protestas y reclamos levantados por los pueblos indígenas, awajums, particularmente, afectados por la empresa minera. No olvidemos además que se trata de una zona de frontera hasta hace pocos años en disputa con el Ecuador, en la cual, según el discurso estatal, debe primar la “paz social” y la soberanía, lo cual entraría en contradicción con la instalación de capitales transnacionales.
El avance de las industrias extractivas pone en debate también las miradas existentes sobre el desarrollo, el manejo de los recursos y el rol de los pueblos originarios históricamente marginados del “proyecto nacional”. La opción estatal por un desarrollo basado en la extracción de recursos naturales del subsuelo trae consigo cambios y transformaciones culturales que afectan a miles de ciudadanos y ciudadanas que ven desestructuradas sus formas de vida, lo que trae consecuencias en términos de expectativas laborales, condiciones socioeconómicas y daño ambiental. Es por ello importante reflexionar sobre el lugar preponderante que ha ocupado la minería en la agenda de los últimos gobiernos, en desmedro de otras opciones de desarrollo menos perjudiciales para el medio ambiente y la población, sobre todo en regiones como la Amazonía.
La presente investigación analiza la actual dinámica de concesión y explotación extractiva en el río Cenepa y la presión que ejerce sobre los territorios del pueblo awajum, deteniéndonos en la conflictividad social que se genera y las posturas que al respecto levantan los principales actores involucrados, léase empresa, estado y organización indígena. En el primer punto realizamos una aproximación a la actual situación del territorio en la zona del río Cenepa tomando en cuenta la situación de la población nativa y la presión existente sobre las tierras, detallando las hectáreas en
concesión minera y la zona de reserva ecológica. En el segundo punto realizamos un breve balance de la normatividad vigente respecto a la propiedad, concesión de la tierra y derechos colectivos en el marco de la agenda gubernamental, claramente inclinada a favorecer las actividades extractivas. En el tercer punto analizamos la conflictividad social originada en el río Cenepa a partir de dichas actividades, deteniéndonos en las principales estrategias asumidas por las organizaciones indígenas y las respuestas ensayadas por el Estado y la empresa. Finalizamos con un apartado de conclusiones donde recogemos los principales hallazgos a los que se llegó durante la investigación.
Para el desarrollo de este trabajo seguimos una metodología cualitativa que combinó el recojo de información secundaria con las principales percepciones y argumentos de los actores involucrados con la problemática. Recogimos información tanto de las instituciones estatales y empresas privadas que operan en la zona de río Cenepa, como de las organizaciones indígenas locales y nacionales que se han pronunciado al respecto. De un lado, revisamos fuentes secundarias –diarios, páginas web, libros y revistas– y analizamos la normatividad relacionada con los derechos indígenas y la actividad extractiva, estudiando además datos estadísticos y fuentes periodísticas. De otro lado, entrevistamos a los principales protagonistas del conflicto, tanto en Amazonas como en Lima, y recogemos un total de 15 entrevistas semiestructuradas a autoridades locales, líderes indígenas, profesionales y funcionarios (Ver anexos).
Esperamos que esta investigación, pueda brindar luces sobre lo que viene ocurriendo en otros lugares amazónicos que atraviesan o han atravesado procesos similares. Asimismo, dado su carácter exploratorio, esperamos que sirva como insumo para nuevas y más profundas investigaciones que puedan desarrollarse a futuro.
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