Un caso es el de la Comunidad Campesina Vicco de Pasco que vive un largo proceso de negociación -casi cinco años- con la Sociedad Minera El Brocal que tiene la concesión de 3 mil Hás de la comunidad. En esas tierras la empresa, que cuenta con capitales de la canadiense Cominco, explotará a tajo abierto el yacimiento de zinc San Gregorio, uno de los más grandes del país y "a nivel internacional", según se afirma en un folleto publicitario de El Brocal. La empresa invertiría en el proyecto 300 millones de dólares, suma que sería recuperada en aproximadamente dos años pues sus ventas anuales se calculan en 150 millones de dólares.
En la negociación que se sigue de acuerdo a los procedimientos de la legislación de tierras y de minería, se le ha planteado a la Comunidad que ceda sus tierras por 50 años a cambio de una servidumbre de 574 mil dólares, es decir la insignificante suma de 3.95 dólares por hectárea al año. Como es lógico, los comuneros de Vicco rechazan la propuesta por injusta, calificándola de "expropiación disfrazada de servidumbre". Reclaman una valorización justa de sus tierras, compartir parte de la riqueza que la explotación minera genera para la ejecución de un plan de desarrollo, y el cumplimiento cabal de un plan ambiental que la Comunidad exige conocer.
Según denuncia el dirigente de Vicco, Miguel Palacín, la empresa ha respondido con represalias, enjuiciando dirigentes y cerrando un canal de irrigación. Y señala que, frente a estos a hechos, el Ministerio de Energía y Minas en su papel de árbitro no ayuda mucho.
En relación con los territorios y uso de los recursos Campos Baca plantea que el Estado, "antes de autorizar cualquier programa" de prospección o explotación de recursos" existentes en tierras de pueblos indígenas "deberá establecer procedimientos" para la participación de dichos pueblos en "determinar" si sus intereses se verían perjudicados y, si fuera el caso, en los beneficios que reporten tales actividades. En la propuesta de Revilla este tema merece todo un capítulo especial en el que la opción por la gran minería y la extracción de hidrocarburos queda muy bien definida: la comunidad es propietaria de los recursos minerales no estratégicos que hayan en su territorio, pero "las zonas donde se encuentren minerales estratégicos son terrenos del Estado (...) y deberán estar debidamente inscritos en Registros Públicos". Con este planteamiento queda resuelto a favor de la minería los serios conflictos que existen por el otorgamiento de concesiones en tierras comunales. El debate está abierto y en él se debe dar plena participación a las organizaciones de los pueblos amazónicos y de las comunidades campesinas, para que los brillantes enunciados de principios no queden en meras intenciones.
